Concurso de acreedores: una salida justa para situaciones de crisis

Aunque el concurso de acreedores siempre ha estado presente en el ámbito empresarial, sin duda adquiere más importancia en momentos de dificultad económica como los que estamos viviendo.

En este artículo analizamos las características fundamentales de esta herramienta jurídica y cómo se ha visto afectada por la situación generada por el COVID-19.

¿Qué es el concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es un instrumento o procedimiento jurídico que se aplica cuando una empresa o individuo no puede hacer frente a todas sus deudas.

El objetivo de este procedimiento es satisfacer de forma equitativa a los diferentes acreedores. Se trata, por tanto, de evitar que los acreedores que lleguen primero puedan agotar el patrimonio del deudor y dejen a los restantes acreedores sin cobrar.

Así, la empresa puede dar respuesta a una situación de insolvencia de forma ordenada, mientras que los acreedores pueden cobrar todo o parte de sus créditos en igualdad de condiciones.

Aunque en España este instrumento jurídico arrastra un cierto estigma, en otros países es mucho más utilizado y se considera una herramienta que puede ayudar a la supervivencia de la empresa. Por ejemplo, en 2019 se tramitaron tan solo 4.464 concursos de acreedores en nuestro país. Esto contrasta con los 52.002 de Alemania o los 19.400 de Francia.

Regulación, requisitos y tipos de concurso

La regulación actual del concurso de acreedores se contiene en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal.

En esta norma se establecen los requisitos del concurso y se regula con todo detalle el procedimiento que debe seguir.

  • Así, el requisito o presupuesto básico del concurso es la insolvencia del deudor. Según la ley, esto se da cuando aquel “no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”.
  • Puede solicitar el concurso tanto el deudor como alguno de sus acreedores. Se distingue así entre concurso voluntario y necesario.
  • En cuanto al plazo, según indica la ley, “el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia”.

¿Cómo es el procedimiento de concurso?

La ley regula minuciosamente el procedimiento concursal, que puede ser bastante largo y complejo. De todos modos, podemos hacer un breve resumen de los pasos más importantes:

  1. En primer lugar, como hemos dicho, tiene lugar la solicitud de concurso, ya sea por parte de la empresa, ya sea a instancia de un acreedor.
  2. Si se cumplen los requisitos, el juez mercantil dictará un auto de declaración del concurso. Entre otros aspectos, este auto:
    • Señala las limitaciones que se impongan a las facultades del deudor para administrar su patrimonio. Se trata de proteger el patrimonio de la empresa frente a una mala administración pero también frente a la acción individual de algún acreedor.
    • Nombrará a los administradores concursales.
    • Indicará las medidas cautelares que sean preceptivas.
  3. A continuación se determinará la masa activa (bienes y derechos del deudor) y la masa pasiva (deudas y obligaciones) del concurso. Con ello termina la fase común del procedimiento.
  4. La siguiente fase en el concurso de acreedores es la propuesta y aprobación de un convenio. Se trata en este punto de establecer un plan que garantice la supervivencia de la empresa y la satisfacción (aunque sea parcial) de los acreedores. Por ejemplo, podrán acordarse medidas de quita y espera (que el acreedor renuncie a parte de sus créditos o permita un mayor plazo de pago), enajenación de bienes, conversión de créditos en acciones, etc.
  5. Si no se consigue aprobar el convenio o este no puede cumplirse, se abrirá la fase de liquidación. Aquí, el deudor pierde todas sus facultades de administración y se procede a convertir en dinero todos los bienes de la empresa para satisfacer las deudas (en la medida en que sea posible).
  6. Por último, el juez calificará el concurso como culpable o fortuito. Es decir, si se ha o no originado por dolo o culpa grave del deudor. SI fuese culpable, implicará la inhabilitación de la persona afectada para administrar bienes ajenos y, en su caso, su obligación de indemnizar a los perjudicados.

¿Cómo afecta el estado de alarma al concurso de acreedores?

Probablemente, la crisis económica derivada de la alerta sanitaria del COVID-19 va a ocasionar un aumento de las situaciones de concurso de acreedores, expedientes de regulación de empleo y similares.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, incluía una previsión en este sentido.

Así, se establecía una suspensión del plazo para solicitar el concurso (que, como veíamos, es de dos meses). En este sentido, el artículo 43 señalaba que, “mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso”.

Sin embargo, este artículo ha sido derogado por el nuevo Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Además de esta derogación, este RD-L dedica todo su capítulo II a recoger ciertas medidas concursales y societarias. Entre otras, podemos destacar las siguientes:

  • Se establecen varias normas de agilización del proceso concursal, como la confesión de la insolvencia, la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e incidentes (subastas, impugnación de inventario y listas de acreedores o aprobación de planes de liquidación).
  • Se amplía la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020 (artículo 11 del RD-L).
  • Se prevé que a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas no se computen las del presente ejercicio.

En cualquier caso, la complejidad del procedimiento de concurso puede suponer que muchas empresas, especialmente las de menor tamaño, desconozcan su utilidad para afrontar una situación difícil e, incluso, garantizar la supervivencia del negocio.

Es en este punto donde un buen servicio de consultoría o asesoramiento jurídico puede resultar de gran utilidad.

En definitiva, con una gestión adecuada, el concurso de acreedores es una herramienta que puede ayudar a reconducir una situación complicada e, incluso, permitir la supervivencia de la empresa.  Sin duda, se trata de una opción a tener muy en cuenta en las actuales circunstancias.